Cancún, Quintana Roo, 07/05/24 (Más / IA).- Jorge Amílcar Olán
Aparicio, presunto socio de los hijos del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, presentó una demanda de amparo contra la
intervención de sus comunicaciones privadas.
La solicitud del amparo de la justicia federal se presentó ante un juez
de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de
Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún.
La demanda, interpuesta también contra diversas autoridades, se
originó por supuestas intervenciones de comunicaciones privadas y
localización geográfica en tiempo real, así como por el acceso a datos
conversados por concesionarios de telecomunicaciones.
Las autoridades señaladas por Olán Aparicio habrían accedido a
información privada sin consentimiento.
Además, le pidieron detallar los eventos previos a las presuntas
intervenciones.
El juez no ha programado ninguna audiencia hasta que Olán Aparicio
responda a los requerimientos planteados.
En el contexto de la demanda, se revelaron investigaciones de MCCI
que indican que Romedic, empresa de Olán Aparicio, obtuvo más de
490 millones de pesos del erario público entre 2020 y 2022.
Los fondos se habrían transferido mediante la intermediación de los
gobiernos de Tabasco y Quintana Roo.
Además, Olán Aparicio sostiene relaciones comerciales con César
Mauricio Calderón Alipi, hermano del director general del IMSSBienestar.
Se reportó que Olán Aparicio adquirió un terreno de 180 hectáreas a
un costo significativamente inferior al valor de mercado y otro de
1,000 m2 por 1.5 millones de pesos.
Un audio difundido por Latinus exhibe a Olán Aparicio afirmando que
el hijo del presidente AMLO le prometió concesiones mineras en
Oaxaca.
De acuerdo a la información proporcionada, Amílcar Olán Aparicio
asegura que con las supuestas intervenciones telefónicas y
localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición, las
autoridades judiciales violaron los siguientes artículos de la
Constitución:
– Artículo 1: Establece los derechos humanos y sus garantías.
– Artículo 14: Establece el principio de legalidad y la prohibición de
aplicar leyes retroactivas en perjuicio de persona alguna.
– Artículo 16: Establece las garantías de seguridad jurídica en materia
de actos de molestia y privación de la libertad.
– Artículo 17: Establece el derecho de acceso a la justicia.
– Artículo 20: Establece las garantías del proceso penal, incluyendo la
prohibición de prisión por deudas de carácter puramente civil.
Olán Aparicio alega que sus derechos a no ser molestado y a no ser
aprisionado por deudas civiles fueron violados por las autoridades
judiciales a través de las supuestas intervenciones y exposición de
información.
El demandante se a visto involucrado en varios escándalos que han
surgido a raíz de los audios de supuestas conversaciones telefónicas,
entre esos escándalos destacan los siguientes:
